Semana pesada por delante. Los relojes activos son tres.

Primero, la ventana de mediados de abril. Ejecutivos petroleros y analistas dicen que si Hormuz sigue cerrado después de esa fecha, la disrupción escala a un nivel que las reservas estratégicas no pueden contener. Estamos a 15 días de ese umbral. Todo lo que pase con precios de gas, tipo de cambio, y tarifa CFE depende de lo que ocurra en ese corredor.

Segundo, el Senado de EE.UU. tiene la Ley DAPA en la fila. Si el Senate Finance Committee la agenda antes de julio, la expropiación entra como tema codificado a la revisión del T-MEC. Eso cambia la posición negociadora de México de manera estructural, no marginal.

Tercero, aquí en Jalisco: la licitación de la planta de ciclo combinado de CFE para la ZMG (500 MW, expandible a 1,000 MW) tiene las especificaciones al 80%. Si se publica antes de julio, la narrativa de Jalisco se consolida. Si se retrasa, los edificios oscuros se convierten en el titular. Esta semana, la pregunta operativa para cualquier empresa en la ZMG es: ¿ya tienes factibilidad de energía, o estás en la cola?

El Brent cerró el viernes en $115.27 por barril. Ese dato está en todos los titulares.

El que no está en ninguno: el crudo físico Dubai cotiza 76% arriba de donde estaba cuando empezó la guerra. El Brent en papel subió 36%. La distancia entre esos dos números es la medida exacta de cuánto optimismo diplomático está comprado el mercado de futuros, y cuánto están pagando de más los compradores que realmente necesitan el barril.

El Estrecho de Hormuz lleva un mes cerrado. El tráfico de tanqueros cayó más de 90%. Más de 150 buques están varados afuera. La Guardia Revolucionaria Iraní impuso un régimen de "permiso de tránsito" que reemplaza el principio de libre navegación que operó por 40 años. No es una interrupción temporal. Es un cambio de arquitectura.

Y no es solo Hormuz. Drones ucranianos dañaron las terminales bálticas de Ust-Luga y Primorsk, sacando de línea hasta 40% de la capacidad exportadora de Rusia. El Ciclón Narelle Categoría 3 dañó las plantas de GNL de Chevron en Australia occidental: Gorgon (15.6 millones de toneladas/año) y Wheatstone (8.9 millones), con restauración que tomará "varias semanas." Qatar declaró fuerza mayor en exportaciones de GNL tras daños a Ras Laffan, removiendo aproximadamente un sexto del suministro global de gas natural licuado.

Tres fuentes de oferta comprimidas al mismo tiempo. No hay precedente.

¿Qué significa para ti si operas una planta en México? Algo muy concreto: México importa más del 70% de su gas natural, indexado a Henry Hub y hubs relacionados. La CFE genera más del 60% de su electricidad con gas. El PLADESE de SENER modela un escenario adverso de gas a $8/MMBtu. No estamos ahí todavía, pero la Fed de Dallas proyecta un cierre de dos trimestres de Hormuz empuja WTI a $115 en Q3. Si gas Henry Hub sube de $3.50 a $5-6/MMBtu bajo esa presión, el pass-through a tarifa GDMTH tiene un rezago de 60 a 90 días.

Y Banxico acaba de recortar la tasa a 6.75% la semana pasada. El peso tocó 18.12. Triple presión: commodity más caro, moneda más débil, tasa más baja. El presupuesto federal se construyó sobre un supuesto de crudo a $54.9 por barril. La Federación tiene un windfall fiscal inesperado. La pregunta es si algo de ese excedente llega a aliviar al industrial que paga tarifa CFE, o si se queda en tapar los hoyos de Pemex.

Si tu contrato de suministro eléctrico o de gas tiene cláusula de ajuste en Q2 o Q3, tienes exactamente esta semana para modelar el impacto. No en mayo. Ahora. La ventana de mediados de abril que los analistas señalan como punto de no retorno está a 15 días.

Estados Unidos convirtió una cantera en Quintana Roo en un instrumento de política comercial.

La Ley DAPA (Defending American Property Abroad Act) pasó la Cámara de Representantes 247 a 164. Cuarenta y un demócratas cruzaron línea. Eso no es un voto simbólico. Eso es tracción legislativa bipartidista suficiente para pasar el Senado.

La mecánica es elegante en su brutalidad: la ley autoriza al presidente de EE.UU. a designar como "puerto prohibido" cualquier terminal expropiada a una empresa americana en el hemisferio occidental. Los buques que toquen ese puerto quedan excluidos de aguas estadounidenses. No sanciona a México. Sanciona a las navieras internacionales que tienen que elegir entre un puerto en Quintana Roo y el acceso al mercado más grande del mundo.

El caso de origen es Vulcan Materials. Operó la cantera de Calica y el puerto de Punta Venado por casi 40 años. En 2022, AMLO cerró las operaciones. En 2023, el ejército ocupó la propiedad. En septiembre de 2024, un decreto presidencial declaró 53,227 hectáreas como Área Natural Protegida. Vulcan valora sus activos en $1,900 millones en arbitraje internacional.

Pero la ley no es sobre Calica. Es sobre el mecanismo que crea. La enmienda a la Sección 301 del Trade Act de 1974, la misma autoridad legal que justificó los aranceles contra China, ahora incluye expropiación como causa de acción comercial. Y el texto de la ley exige que el USTR incorpore el tema a la revisión del T-MEC.

El segundo orden es donde pega. Las navieras europeas, asiáticas y latinoamericanas que sirven rutas del Caribe ahora necesitan revisar si sus itinerarios tocan infraestructura disputada. Eso puede afectar fletes y tiempos de tránsito para empresas que no tienen nada que ver con Vulcan pero comparten los mismos carriers.

Para México, la ley crea una bifurcación visible: estados con historial limpio de certeza jurídica versus la narrativa federal de riesgo expropiatorio. Para los que tienen historial limpio, es una oportunidad. La inversión no huye de México. Huye de la incertidumbre. Jalisco, con AAA de Fitch, AEEJ operando, y parques industriales con contratos transparentes, tiene la evidencia para diferenciarse. Pero hay que usarla activamente, no esperar a que alguien la descubra.

Óscar del Cueto, recién electo presidente de AmCham México, dijo la semana pasada que al final de la revisión del T-MEC "podremos estar libres de aranceles." Es una declaración institucional comprensible. También es una declaración que no sobrevive el contacto con el inventario de frentes abiertos.

Contemos. Uno: aranceles del 25% al acero y aluminio, que México quiere eliminar. Dos: un panel del T-MEC falló contra México en los 7 argumentos de EE.UU. sobre maíz transgénico en diciembre de 2024. México no ha cumplido. El riesgo: hasta $5,000 millones en exportaciones mexicanas expuestas a aranceles compensatorios. Tres: el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida determinó violación "grave" en la mina Camino Rojo en Zacatecas. Es el segundo triunfo de panel para EE.UU. Y este es especial: la empresa fue sancionada no solo por violar derechos laborales, sino por "consentir" la presencia de narcotraficantes en actividad sindical. Cuatro: la Ley DAPA conecta expropiación con Sección 301 y con la revisión del T-MEC por mandato legislativo. Cinco: más de 40 casos de enforcement laboral contra instalaciones mexicanas, mayoritariamente automotrices. Seis: requisitos de contenido de valor laboral para vehículos ($16/hora mínimo).

Cada frente por separado es manejable. Juntos, no son una revisión. Son una renegociación donde un lado tiene seis palancas y el otro necesita la extensión.

La determinación de Camino Rojo merece atención especial. El panel formalizó lo que se puede llamar el "nexo seguridad-laboral": si tu empresa opera en una zona con crimen organizado y no implementa protocolos de neutralidad activa, la responsabilidad es tuya, no del Estado mexicano. Documentación grabada de capacitaciones para mandos medios, zonas seguras para actividad sindical, y registros de contacto con trabajadores. El T-MEC de 2026 ya no acepta pasividad como defensa.

FreightWaves describe la revisión como un evento que va a "reconfigurar cadenas de suministro." The Economist reconoce las ventajas estructurales de México pero señala que los problemas internos impiden capitalizar la oportunidad. El consenso está fragmentado, que es lo peor que puede pasar cuando el capital necesita certidumbre.

El T-MEC no se va a cancelar. Nadie lo quiere. Pero la versión que salga de esta revisión no va a ser la misma que entró. Si exportas bajo reglas de origen del T-MEC desde Jalisco, la acción inmediata es triple: auditar contenido regional de valor, documentar cumplimiento laboral en proveedores de primer y segundo nivel, y mapear qué productos caen bajo categorías en disputa activa. No esperes a julio.

Fitch Ratings subió a Guadalajara a AAA(mex). La calificación más alta posible en escala nacional. Guadalajara se une a Zapopan y Tlajomulco. Tres municipios de la zona metropolitana en el máximo. El estado ya tenía AAA(mex) desde octubre de 2025.

El dato llega en la semana exacta en que la narrativa federal habla de riesgo expropiatorio y presión comercial. El contraste es el posicionamiento.

Los datos industriales respaldan la tesis. Foxconn invirtió más de $700 millones en su subsidiaria mexicana y construye la superfábrica de servidores de IA más grande del mundo en El Salto. Hasta 60% del suelo industrial disponible (600,000+ m²) está pre-rentado. Chirey confirmó su planta con plan de tres fases.

El problema es el enchufe.

Jalisco tiene un déficit energético de entre 35% y 40%. En 2024, el estado generó 8.5 TWh y consumió casi 14.6 TWh, importando el resto de estados vecinos. Es el tercer estado en consumo de energía del país. Foxconn necesita 400 MW. Eso equivale a una ciudad mediana.

El gobierno estatal no está ignorando el problema. Al contrario: Jalisco es el único estado de México con una secretaría dedicada exclusivamente a energía. La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), creada en enero de 2025 bajo el gobierno de Pablo Lemus, es la dependencia rectora. La Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), liderada por el Mtro. Enrique Rubio de León opera como organismo público descentralizado dentro de SEDES, ejecutando la agenda técnica y regulatoria. El titular de SEDES, Manuel Herrera Vega (ex presidente de CONCAMIN, empresario jalisciense con trayectoria en política industrial), ha sido directo sobre la magnitud del reto y la estrategia para abordarlo.

Herrera Vega identificó tres ejes desde el arranque de SEDES: seguridad energética (garantizar acceso a electricidad y gas para ciudadanos e industria), competitividad energética (energías renovables como requisito para atraer inversión global) y transición energética. "Las empresas globales que se quieran instalar en Jalisco o en México priorizan estas características", dijo al presentar la dependencia. No es retórica: los inversionistas que aterrizan en Jalisco preguntan por energía antes que por mano de obra.

Los números que maneja SEDES son ambiciosos pero concretos. La cartera de proyectos de generación supera los $2,500 millones de dólares, más $1,500 millones en infraestructura de transporte de energía. La meta para 2030: que Jalisco genere el 100% de la energía que consume (hoy genera ~65%), con al menos 60% de fuentes limpias y renovables. Es la meta estatal más agresiva del país.

En la infraestructura federal, la coordinación ya está en marcha. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 quedaron incluidas tres líneas de transmisión estratégicas para la ZMG, una de las cuales llevaba pendiente desde 2016. La planta de ciclo combinado de CFE para la ZMG (500 MW, expandible a 1,000 MW) tiene especificaciones al 80%. Trescientas empresas expresaron interés contra 30 esperadas. Y en febrero, el gobernador Lemus se reunió con Emilia Calleja, directora general de CFE, para abordar tanto las necesidades del Mundial 2026 como la visión de largo plazo de abasto eléctrico estatal. Herrera Vega estuvo en esa mesa.

Y apenas el 5 de marzo, SEDES y la AEEJ firmaron un convenio con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) para desarrollar un estudio técnico que evaluará demanda eléctrica, infraestructura disponible y viabilidad de nuevos proyectos de generación. La AEEJ destinará 2.1 millones de pesos como subsidio inicial. El estudio integrará información sobre oferta eléctrica, demanda energética, infraestructura de transmisión y disponibilidad de gas natural. Herrera Vega subrayó que "el desarrollo de información técnica especializada permite fortalecer la planeación energética del estado". Por su parte, Antonio Lancaster Jones, presidente del CCIJ, fue claro: "Lo que estamos firmando es el principio de este proyecto para evaluar dónde estamos, qué requerimos y qué vamos a necesitar en el presente y en el futuro para asegurar el crecimiento industrial y el desarrollo de las familias en Jalisco."

Es una pieza clave: por primera vez, un estado mexicano está generando su propio diagnóstico técnico de demanda energética en coordinación con el sector industrial, no esperando a que CENACE o SENER lo hagan por él. Jalisco lidera a nivel nacional en generación distribuida, con más de 90 mil contratos de interconexión, y el 42% de su electricidad ya viene de fuentes limpias.

El cuello de botella no es voluntad política ni capital privado. Es tiempo de ejecución. Una planta de ciclo combinado tarda de 3 a 5 años. Las líneas de transmisión, incluso ya presupuestadas, llevan tiempos de licitación y construcción que no empatan con los tiempos de inversión de Foxconn o Chirey. La válvula de escape a corto plazo es la generación distribuida bajo los esquemas de interconexión vigentes. Las DACGs actualizadas con el tope previsto de 700 kWp siguen pendientes de publicación pese a estar contempladas en la LESE, lo cual deja a los desarrolladores operando bajo reglas que no reflejan la ambición declarada. Las empresas que inviertan en solar+almacenamiento ahora pueden adelantarse a la cola de interconexión de CENACE mientras la planta de CFE se licita, se construye y se opera.

El upgrade de Fitch es la credencial financiera. El nearshoring es la demanda. SEDES y AEEJ son el andamiaje institucional que ningún otro estado del occidente tiene. Lo que falta es el puente energético entre lo que Jalisco promete y lo que puede entregar hoy. Las empresas y los fondos que construyan ese puente van a definir los próximos 10 años del corredor industrial del occidente mexicano.

Hormuz cerrado. Ley Vulcan aprobada. T-MEC con seis frentes abiertos. Gas caro, peso débil, tasa más baja. Todo al mismo tiempo.

Y Fitch le pone AAA a Guadalajara.

Semana Santa arranca en dos semanas. Los mercados no descansan el Viernes Santo. Tu contrato de gas tampoco. La semana que arranca no es para analizar. Es para decidir.

Si esto te sirvió, reenvíalo a alguien que todavía no nos lee.

Nos leemos mañana.

— Alejandro